Santo Domingo, República Dominicana – El juez Rigoberto Sena dictó medidas de presentación periódica y estableció una garantía económica de 400 mil pesos para el cabo Elpidio Antonio Acosta, vinculado a la muerte del coronel retirado Carmelo Polanco en La Ciénaga.
La defensa del cabo Acosta indicó que la decisión judicial se fundamentó en las evidencias recopiladas, las cuales, según la abogada, no demuestran un ataque dirigido contra el coronel Polanco.
El suceso ocurrió la noche del 10 de mayo, cuando el coronel Polanco celebraba el cumpleaños de su madre junto a familiares en su residencia, hecho que impactó a la comunidad local.
En ese momento, una patrulla de la unidad Topo realizaba labores de búsqueda de un presunto delincuente. Durante la intervención, se produjeron disparos desde el interior del vehículo policial que alcanzaron al coronel retirado.
El coronel Polanco perdió la vida mientras recibía atención médica. Los peritajes balísticos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) relacionaron el arma de reglamento del cabo Acosta con el proyectil que causó el deceso.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el cabo Acosta, imputándole homicidio involuntario conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano.
Familiares y miembros de la comunidad esperan que la investigación continúe de forma transparente para esclarecer las circunstancias exactas del incidente.
Las autoridades locales mantienen un seguimiento cercano del caso, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de todas las partes y la correcta aclaración de los hechos.
Este caso ha generado un debate sobre la actuación policial durante operativos y la necesidad de establecer protocolos claros que prevengan incidentes en zonas residenciales.
El tribunal destacó que las medidas impuestas buscan asegurar la presencia del cabo Acosta durante el proceso judicial, sin afectar su derecho a la defensa ni la presunción de inocencia.
Se espera que el avance de la investigación aporte elementos que permitan determinar responsabilidades y fortalecer la confianza ciudadana en los procedimientos judiciales.
El caso pone de relieve la importancia de protocolos de seguridad y vigilancia en operativos policiales, así como la colaboración entre autoridades y comunidad para minimizar riesgos.
