Boston, Estados Unidos – Un juez federal bloqueó temporalmente una norma de la Administración de Donald Trump que habría cambiado el tiempo de permanencia permitido en Estados Unidos para estudiantes internacionales, participantes de intercambio y periodistas extranjeros.
La decisión mantiene, por ahora, las reglas actuales y puede beneficiar directamente a dominicanos que estudian en universidades estadounidenses, participan en programas académicos o de intercambio, o trabajan en ese país como corresponsales de medios extranjeros.
El juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal Federal para el Distrito de Massachusetts, emitió la orden el 14 de septiembre de 2026, un día antes de que la regulación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzara a aplicarse.
La medida judicial tiene alcance nacional y permanecerá vigente mientras continúa el proceso legal contra la norma. Esto significa que los cambios previstos no entraron en vigor el 15 de septiembre.
La regulación del DHS buscaba sustituir el sistema conocido como “Duration of Status” o “duración del estatus”, utilizado durante décadas para determinar cuánto tiempo pueden permanecer determinadas categorías de extranjeros en Estados Unidos.
Actualmente, muchos estudiantes con visas F y participantes de intercambio con visas J pueden permanecer legalmente mientras continúen cumpliendo los requisitos de su programa académico o de intercambio.
La nueva norma habría reemplazado ese modelo por períodos de admisión con una fecha fija.
En el caso de las visas F y J, el tiempo máximo habría quedado limitado generalmente a cuatro años, aunque un programa universitario, investigación o actividad académica necesitara más tiempo.
Una persona que necesitara permanecer después de ese período tendría que solicitar una extensión ante las autoridades migratorias.
Para los periodistas extranjeros con visa I, la nueva regla establecía un período máximo de admisión de 240 días, también sujeto posteriormente a solicitudes de extensión.
Ese cambio sería especialmente importante para corresponsales que son enviados durante largos períodos a Estados Unidos por medios de República Dominicana u otros países.
El bloqueo resulta relevante para dominicanos inscritos en universidades estadounidenses con visa F-1, así como para quienes participan en programas cubiertos por determinadas visas J.
Bajo la norma suspendida, un estudiante cuyo programa necesitara más de cuatro años tendría que solicitar autorización adicional para continuar en Estados Unidos.
El propio juez utilizó como ejemplo los programas de doctorado, que con frecuencia necesitan más de cuatro años para ser completados.
También señaló que estudiantes universitarios extranjeros pueden necesitar más tiempo por diferentes circunstancias académicas.
La regulación incluía además cambios relacionados con la movilidad académica, las transferencias entre instituciones y la posibilidad de continuar determinados estudios.
NAFSA, organización dedicada a la educación internacional y una de las partes que impugnaron la norma, informó que el bloqueo mantiene vigente el sistema actual para estudiantes F y participantes J mientras continúa el litigio.
Eso significa que un estudiante dominicano que actualmente mantiene correctamente su estatus migratorio no queda sometido, por ahora, al nuevo límite de cuatro años contemplado en la regulación suspendida.
Sin embargo, la orden judicial no representa una eliminación definitiva de la política. El caso todavía está siendo discutido en los tribunales.
La Administración Trump defendió la modificación alegando, entre otros argumentos, razones de seguridad nacional y la necesidad de combatir fraudes o abusos dentro del sistema migratorio.
Saylor cuestionó fuertemente esas explicaciones.
En su decisión, señaló que las justificaciones ofrecidas por el Gobierno eran “excepcionalmente débiles” y consideró que existía poca conexión entre algunos de los problemas citados por las autoridades y la solución establecida en la regulación.
El magistrado aclaró, sin embargo, que la función del tribunal no era determinar simplemente si la política era conveniente o inconveniente.
Explicó que el punto central era establecer si el Gobierno había cumplido la Ley de Procedimiento Administrativo, conocida en inglés como Administrative Procedure Act.
Esa legislación exige que las agencias federales expliquen adecuadamente sus decisiones, examinen información relevante, consideren costos y beneficios y respondan razonablemente a comentarios importantes recibidos durante el proceso regulatorio.
El tribunal concluyó de manera preliminar que los demandantes habían demostrado una probabilidad importante de establecer que la actuación del DHS fue arbitraria y caprichosa bajo esa ley.
El caso fue presentado por una coalición integrada por organizaciones relacionadas con universidades, educadores, estudiantes graduados, trabajadores y periodistas.
Entre los demandantes aparecen NAFSA: Association of International Educators, Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration y The NewsGuild-CWA, además de otras organizaciones laborales y educativas.
La demanda sostiene que el DHS no evaluó adecuadamente las consecuencias de la regulación, no respondió de forma suficiente a preocupaciones planteadas durante el proceso y no tomó en cuenta alternativas menos restrictivas.
El juez también indicó que unas 22,000 personas y organizaciones enviaron comentarios durante el período habilitado por el Gobierno para recibir opiniones sobre la propuesta.
Fanta Aw, directora ejecutiva de NAFSA, sostuvo después de conocerse la decisión que mantener el sistema actual evita, por el momento, una modificación que su organización considera perjudicial para estudiantes internacionales y universidades estadounidenses.
Por su parte, organizaciones vinculadas a trabajadores de medios han expresado preocupación por la obligación de que periodistas extranjeros tengan que solicitar renovaciones frecuentes para continuar realizando su trabajo.
Uno de los puntos de mayor impacto práctico era el límite de 240 días establecido para representantes de medios internacionales con visa I.
Después de ese período, un periodista que necesitara seguir trabajando en Estados Unidos tendría que pedir una extensión.
El tribunal mencionó preocupaciones presentadas durante el proceso sobre el posible efecto de ese sistema en la independencia de periodistas extranjeros y sobre la incertidumbre que produciría depender periódicamente de una decisión migratoria para continuar trabajando.
El DHS había respondido durante la elaboración de la norma que sus datos mostraban que la mayoría de los titulares de visas I permanecían menos de 240 días y que quienes necesitaran más tiempo podrían solicitar una extensión.
Con la decisión judicial, esa modificación tampoco comenzó a aplicarse.
La orden de Saylor no anuló definitivamente la regulación.
Lo que hizo fue posponer su entrada en vigor mientras el tribunal analiza el fondo del caso.
Por esa razón, el sistema de “Duration of Status” continúa siendo el marco aplicable para las categorías cubiertas por la decisión, según informó NAFSA tras conocerse el fallo.
También permanecen suspendidas las nuevas exigencias de extensión de estadía y otros cambios vinculados con movilidad académica y períodos de permanencia que debían comenzar el 15 de septiembre.
Para estudiantes dominicanos y sus familias, la decisión evita por ahora tener que adaptarse inmediatamente a un sistema de admisiones con fechas máximas más rígidas.
Para periodistas dominicanos acreditados en Estados Unidos, mantiene igualmente el esquema anterior mientras se resuelve la disputa judicial.
El proceso continuará en el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts. La orden establece que la entrada en vigor de la regulación permanecerá aplazada hasta una nueva decisión del tribunal o hasta que el litigio sea resuelto sobre el fondo.
