San Juan, Puerto Rico – Juan Francisco Areche Minaya, un dominicano de 49 años que llevaba más de 28 años viviendo en Puerto Rico, permanece bajo custodia migratoria de ICE pese a no tener antecedentes penales registrados.
El hombre fue detenido el 11 de agosto mientras esperaba dentro de su vehículo a un amigo que compraba materiales eléctricos en un establecimiento de San Juan.
Su caso generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de inmigrantes, que consideran que existen elementos suficientes para que pueda continuar su proceso en libertad bajo fianza.
Una determinación de la jueza federal Gina R. Méndez-Miró estableció que Areche Minaya había demostrado una probabilidad sustancial de prevalecer en su reclamo y que tenía derecho a una audiencia de fianza.
Anteriormente, el juez Elvin Talavera Peraza había rechazado una solicitud de fianza al considerar que existía riesgo de que el dominicano no acudiera a futuros procedimientos migratorios.
Las organizaciones que apoyan al inmigrante cuestionaron esa conclusión debido a los vínculos familiares que mantiene en Puerto Rico.
Areche es padre de dos hijos ciudadanos estadounidenses y también mantiene una relación cercana con su madre, Juana Minaya.
De acuerdo con los planteamientos presentados en el caso, varios agentes de ICE se acercaron a Areche mientras permanecía dentro de su vehículo en San Juan.
El dominicano esperaba a un amigo que había entrado a comprar materiales para un trabajo.
La abogada de inmigración Charito García Miranda sostuvo que los agentes habrían llegado hasta él después de verificar la registración de su automóvil en información del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP).
García Miranda, quien además dirige la Clínica de Inmigración de la Universidad de Puerto Rico, cuestionó el acceso de las autoridades federales a información relacionada con vehículos.
La ACLU de Puerto Rico también intervino en el caso y cuestionó el intercambio de información entre autoridades locales y federales.
La organización mantiene un proceso judicial relacionado con la administración de la gobernadora Jenniffer González y el DTOP.
Según la ACLU de Puerto Rico, información de licencias correspondiente a unos 6,000 migrantes fue entregada a autoridades federales y posteriormente pudo ser utilizada para facilitar acciones relacionadas con inmigración durante la administración del presidente Donald Trump.
Las organizaciones consideran que el caso de Areche refleja las consecuencias que puede tener el uso de información administrativa para localizar a personas con situaciones migratorias pendientes.
Una orden judicial señala que Areche ingresó a Puerto Rico sin inspección alrededor de 1998.
Antes de su actual detención, su familia había intentado gestionar su residencia permanente mediante peticiones familiares.
Su madre presentó una primera petición I-130 el 25 de agosto de 1992, la cual fue aprobada el 15 de octubre de ese mismo año.
Posteriormente, en 2015 fue presentada otra petición familiar, que recibió aprobación de USCIS al año siguiente.
Los documentos judiciales también destacan que Areche ha permanecido durante décadas en Puerto Rico y que no registra antecedentes penales.
Además de sus hijos ciudadanos estadounidenses, tiene vínculos familiares importantes en la isla.
Darjeerling Areche, hija mayor del dominicano, describió a su padre como un hombre dedicado a su familia y al trabajo.
La joven también señaló que la situación migratoria de su padre ha afectado su vida académica y la de su hermano.
Para la ACLU de Puerto Rico y otras organizaciones, estos vínculos son relevantes al evaluar si existe realmente un riesgo de que el inmigrante no se presente ante las autoridades.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, cuestionó precisamente que Areche fuera considerado una persona con posibilidades de no comparecer a sus futuras audiencias.
La situación de Areche también está relacionada con una decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, citada durante los planteamientos de las organizaciones sobre el derecho de los inmigrantes a una audiencia de fianza.
La jueza Méndez-Miró determinó que el dominicano tiene derecho a esa vista, lo que abre la posibilidad de que un tribunal vuelva a evaluar si debe permanecer detenido mientras continúa su proceso migratorio.
Esto no significa que su situación migratoria haya quedado resuelta ni que se le haya concedido la residencia permanente.
Por ahora, Areche Minaya permanece bajo custodia migratoria, mientras continúan los procedimientos relacionados con su caso y la audiencia de fianza reconocida por el tribunal federal.
