Santo Domingo, República Dominicana – El periodista Ramón Tolentino denunció este lunes que un privado de libertad conocido como “El Jurón” tendría una fuerte influencia dentro del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, y aseguró haber recibido informaciones sobre la posibilidad de un segundo motín en el recinto.
Tolentino presentó videos y audios que, según explicó durante el programa radial en el que participa, fueron obtenidos desde el interior de la cárcel.
Sin embargo, varias de las acusaciones hechas durante la transmisión, incluyendo quién tendría el supuesto control del recinto y la advertencia sobre otro motín, no han sido confirmadas públicamente por las autoridades penitenciarias.
Durante su intervención, Tolentino identificó como Álvaro Arboleda, alias “El Jurón”, al hombre que, según las informaciones que dijo manejar, tendría influencia sobre determinadas áreas del penal.
El comunicador sostuvo que el interno estaría ubicado en el bloque C10-2 y afirmó que supuestamente tendría capacidad para intervenir en asuntos internos relacionados con otros reclusos.
También hizo señalamientos contra funcionarios penitenciarios y pidió a la Procuraduría General de la República investigar lo que ocurre dentro de Las Parras.
Estas afirmaciones corresponden a denuncias realizadas por Tolentino y requieren una investigación oficial que permita determinar cuáles pueden ser comprobadas.
Uno de los señalamientos más delicados fue la advertencia de que podría producirse otro motín.
Tolentino dijo que recibió información según la cual existiría inconformidad entre grupos de internos por el supuesto control que tendría “El Jurón”.
El periodista afirmó que esa disputa podría provocar un enfrentamiento para quitarle esa influencia.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente de la existencia de un plan para realizar un nuevo motín.
Por esa razón, la advertencia debe entenderse como una denuncia del comunicador basada en sus fuentes, y no como un hecho confirmado.
La preocupación no surge completamente de la nada.
Las autoridades penitenciarias confirmaron en junio de 2026 un incidente dentro de Las Parras luego de que una mujer intentara introducir una sustancia prohibida durante una visita.
Las medidas tomadas después de ese caso generaron descontento entre internos y un intento de motín, según informó entonces la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
El incidente dejó varios privados de libertad afectados y obligó a restringir temporalmente parte de las visitas mientras las autoridades retomaban el control del centro.
Tolentino también presentó material audiovisual que, según afirmó, fue grabado por internos desde el propio penal.
En las imágenes se observa a privados de libertad dentro de áreas de Las Parras mientras una persona realiza la grabación.
La presencia de celulares en el recinto ya había generado una reacción oficial semanas antes.
El 6 de agosto de 2026, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que abrió una investigación después de divulgarse un video de un recluso utilizando un teléfono.
La institución dispuso además la suspensión del agente penitenciario responsable del área mientras se investigaba cómo había sido realizada la grabación.
Las autoridades explicaron entonces que existen teléfonos institucionales para determinadas comunicaciones autorizadas con familiares.
La investigación buscaba establecer principalmente cómo llegó al lugar el dispositivo utilizado para grabar las imágenes.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios también informó que trabaja junto al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en mecanismos para bloquear señales móviles dentro de centros penitenciarios.
El objetivo es impedir que teléfonos introducidos de manera irregular puedan ser utilizados para coordinar actividades fuera de las cárceles.
El reto consiste en limitar la señal dentro de los recintos sin afectar las comunicaciones de comunidades cercanas.
Tolentino pidió directamente que sea investigada la administración del centro penitenciario.
Durante el programa mencionó a la directora María Soriano Herrera y a varios funcionarios que, según sus fuentes, deberían ser interrogados para determinar si conocían las situaciones denunciadas.
El comunicador aseguró que las autoridades deben explicar cómo pueden circular teléfonos dentro del recinto y determinar si existe algún grupo de internos con capacidad para imponer decisiones.
No presentó documentos oficiales que demuestren que los funcionarios mencionados participen en actividades ilegales.
Por lo tanto, cualquier responsabilidad deberá ser establecida mediante las investigaciones correspondientes.
Las denuncias llaman particularmente la atención porque Las Parras fue presentado como una pieza importante para transformar el sistema penitenciario dominicano.
En mayo de 2025, el Gobierno informó que la primera fase tendría capacidad para recibir más de 2,400 privados de libertad, principalmente trasladados de la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
El proyecto incluye aulas, talleres, áreas de visitas, sistemas de vigilancia, torres de seguridad y espacios destinados a programas de rehabilitación.
Las autoridades plantearon que el traslado permitiría reducir el hacinamiento y eliminar muchas de las prácticas que durante años han sido denunciadas en cárceles tradicionales.
El comunicador cuestionó precisamente que algunas de esas prácticas supuestamente hayan comenzado a reproducirse en el nuevo recinto.
Según sostuvo durante el programa, estructuras que anteriormente funcionaban dentro de La Victoria habrían comenzado a trasladarse junto con determinados internos.
Tolentino habló de presunta venta de sustancias prohibidas, teléfonos celulares y otros negocios dentro de la prisión.
Estas acusaciones no han sido comprobadas de manera independiente.
Lo confirmado hasta ahora es que las autoridades ya han investigado incidentes relacionados con sustancias prohibidas y celulares dentro de Las Parras.
El debate también ocurre mientras República Dominicana avanza hacia un cambio importante en la administración de las cárceles.
El presidente Luis Abinader juramentó en enero de 2026 a Antoliano Peralta como ministro de Justicia.
Peralta explicó entonces que una de las funciones del nuevo ministerio será coordinar y supervisar el sistema penitenciario, responsabilidad que históricamente ha permanecido vinculada al Ministerio Público.
Tolentino reclamó respuestas sobre cuándo se completará ese proceso y quién tendrá finalmente la responsabilidad directa sobre recintos como Las Parras.
Por ahora, las denuncias presentadas este lunes colocan nuevamente la seguridad del centro penitenciario bajo atención pública.
La advertencia sobre un posible segundo motín y los señalamientos contra un supuesto líder interno requieren confirmación de las autoridades, que hasta el momento no han anunciado públicamente una investigación específica sobre esas nuevas acusaciones.
