Santo Domingo, República Dominicana – El cierre de las operaciones de Falconbridge Dominicana (Falcondo) no pone punto final a los efectos ambientales asociados a décadas de actividad minera en Bonao.
El Ministerio de Medio Ambiente estima que los pasivos ambientales relacionados con la empresa superan los US$120 millones, una cifra que abre el debate sobre la recuperación de las áreas afectadas y la responsabilidad de cubrir esos costos.
La discusión tomó fuerza luego de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenara la terminación de los contratos de concesión correspondientes a Quisqueya I, una zona minera que abarca 22,392 hectáreas entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión judicial ocurre después de varios años de explotación minera y con las operaciones de Falcondo detenidas desde 2023.
Sin embargo, especialistas ambientales advierten que el fin de una concesión no significa que desaparezcan los impactos dejados en el territorio.
La situación de Falcondo representa uno de los mayores desafíos ambientales relacionados con la minería en República Dominicana: qué ocurre con los terrenos después de que termina la extracción y quién garantiza que sean restaurados.
El ambientalista Nelson Bautista explicó que toda actividad minera genera alteraciones en el ambiente y que el verdadero desafío está en asegurar que las empresas tengan la obligación y los recursos suficientes para reparar los daños ocasionados.
“No existe tal cosa como minería sin daño ambiental”, afirmó Bautista durante una entrevista en el programa “Esto No Tiene Nombre”.
El especialista señaló que el país debe fortalecer los mecanismos de supervisión para evitar que, después del cierre de una operación minera, la responsabilidad de recuperar los espacios afectados termine recayendo sobre el Estado.
Según su planteamiento, una empresa que interviene grandes extensiones de terreno debe contar con planes claros de cierre y recuperación ambiental antes de abandonar sus operaciones.
La discusión sobre Falcondo revive cuestionamientos que ya habían surgido durante el conflicto ambiental alrededor de Loma Miranda, una zona ubicada entre La Vega y Monseñor Nouel que fue objeto de un amplio debate nacional por su posible explotación minera.
En ese momento, organizaciones ambientales, comunidades y sectores políticos discutieron los riesgos de permitir actividades extractivas en áreas consideradas sensibles por su valor ecológico.
Para Bautista, el caso actual demuestra la necesidad de establecer reglas más estrictas que permitan medir con anticipación los posibles impactos y garantizar fondos suficientes para la recuperación ambiental.
La preocupación principal es que una vez concluida la actividad económica, permanezcan problemas que afecten a las comunidades cercanas durante años.
Uno de los puntos que genera mayor atención es el posible impacto de los residuos provenientes de las áreas donde Falcondo realizó minería a cielo abierto.
Bautista expresó preocupación por los lixiviados, líquidos que pueden transportar sustancias desde zonas intervenidas hacia cuerpos de agua, y por su posible relación con los recursos que alimentan la presa de Hatillo.
La presa de Hatillo es una de las principales reservas de agua dulce del país y tiene importancia para actividades agrícolas, producción energética y abastecimiento en distintas zonas.
El ambientalista recordó que la evaluación de los impactos ambientales no debe limitarse únicamente al lugar donde ocurrió la extracción minera, ya que los sistemas naturales están conectados mediante ríos, suelos y cuencas hidrográficas.
Estudios sobre la calidad del agua y sedimentos en la zona han analizado la presencia de elementos como metales y la influencia de distintas actividades humanas desarrolladas en las cuencas cercanas.
El cierre administrativo de una concesión minera no resuelve automáticamente las consecuencias ambientales acumuladas durante décadas.
El principal cuestionamiento ahora gira alrededor de la responsabilidad económica: quién pagará la restauración de los terrenos afectados y cómo se garantizará que el proceso se realice correctamente.
La cifra estimada por Medio Ambiente, superior a los US$120 millones, refleja que la recuperación de zonas mineras puede representar un costo elevado cuando no existen mecanismos suficientes de prevención y garantía financiera.
Para sectores ambientalistas, el país debe evitar que los ciudadanos terminen pagando mediante recursos públicos la recuperación de daños provocados por una actividad privada.
La discusión también pone sobre la mesa la importancia de exigir garantías ambientales antes de aprobar nuevos proyectos extractivos, incluyendo fondos destinados al cierre y rehabilitación de las áreas utilizadas.
La terminación de los contratos de concesión marca el cierre de una etapa legal, pero deja abierta una fase ambiental que podría extenderse por años.
Ahora será necesario determinar con mayor precisión el alcance de los daños, las medidas de recuperación necesarias y las responsabilidades que correspondan a las partes involucradas.
El caso de Falcondo se convierte así en un punto clave para el futuro de la política minera dominicana, al plantear una pregunta que afecta a todas las comunidades cercanas a proyectos extractivos: qué ocurre con el territorio cuando la explotación termina.
Mientras avanzan las evaluaciones y procesos correspondientes, las zonas impactadas por décadas de minería permanecen como una tarea pendiente para las autoridades ambientales y los responsables de garantizar su recuperación.
