Santo Domingo, República Dominicana – El Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 plantea retomar, en el corto plazo, el reajuste de la tarifa eléctrica para acercarla a los costos reales del servicio y reducir gradualmente los subsidios cruzados.
La propuesta busca enfrentar el déficit de las tres empresas distribuidoras estatales, un problema que ha obligado al Estado dominicano a transferir RD$505,629 millones entre 2014 y 2024. El análisis todavía no ha sido discutido por el Gobierno ni se prevé, por ahora, su aceptación.
El documento, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, atribuye parte importante de la situación financiera de las empresas distribuidoras a un esquema tarifario que considera desactualizado.
El proceso para ajustar las tarifas fue suspendido en 2022 debido a las presiones inflacionarias. Ahora, el plan plantea retomar ese proceso como una de las medidas necesarias para corregir el déficit.
La idea sería que la tarifa refleje de forma más cercana el costo real de producir, comprar, transportar y distribuir la electricidad hasta los hogares y negocios.
El documento también propone desmontar progresivamente el subsidio cruzado. Este mecanismo implica que determinados usuarios o sectores terminan cubriendo indirectamente una parte del costo del servicio que no pagan otros consumidores.
Sin cambios estructurales, advierte el plan, los déficits operacionales de las distribuidoras podrían continuar aumentando y generar una mayor presión sobre las finanzas públicas.
Las tres empresas distribuidoras de electricidad son de propiedad pública: Edeeste, Edesur y Edenorte.
De acuerdo con las cifras incluidas en el plan, entre 2014 y 2024 el Estado transfirió RD$505,629 millones para cubrir el saldo negativo acumulado por estas compañías.
El problema también se refleja en el gasto destinado al subsidio eléctrico durante el presente año.
Entre enero y el 14 de agosto, ese subsidio había devengado RD$78,800 millones, según registros de la Dirección General de Presupuesto.
El presupuesto vigente para este propósito asciende a RD$85,586.7 millones. Esto significa que, para esa fecha, ya se había utilizado una parte considerable de los recursos disponibles para sostener el sistema eléctrico.
Para las familias, este debate resulta importante porque el dinero destinado a cubrir las pérdidas y déficits de las distribuidoras sale de las finanzas públicas y compite con otros gastos del Estado.
Al mismo tiempo, cualquier modificación en la tarifa eléctrica puede tener un impacto directo en el presupuesto de los hogares, comercios y pequeñas empresas.
El plan de Hacienda y Economía señala que una solución al déficit no dependería únicamente de revisar las tarifas.
La segunda gran tarea sería reducir de manera sostenida las pérdidas técnicas y no técnicas en la distribución de electricidad.
Hasta mayo, las pérdidas de las tres distribuidoras alcanzaban en conjunto un 38.9 %, según los datos recogidos en el documento.
Edeeste presentaba el peor resultado, con pérdidas de 56 %. Le seguía Edesur, con 31.6 %, mientras Edenorte registraba 26.1 %.
Las pérdidas técnicas pueden producirse durante el transporte y la distribución de la energía por las características y condiciones de las redes.
Las pérdidas no técnicas están relacionadas, entre otros factores, con irregularidades en el consumo y problemas de medición, facturación o cobro del servicio.
El plan propone consolidar los programas destinados a reducir estas pérdidas, fortalecer la fiscalización de los circuitos de distribución y ampliar el uso del Sistema de Información Geográfica IGEA.
Según el documento, esta herramienta permitiría mejorar el control de las pérdidas no técnicas mediante una mayor identificación y seguimiento de los problemas dentro de la red.
La estrategia planteada en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 se apoya en tres áreas principales.
La primera es la reforma gradual del esquema tarifario para acercar el precio pagado por el servicio a sus costos reales.
La segunda consiste en reducir las pérdidas de energía y mejorar el control de las redes de distribución, especialmente en las zonas donde los niveles de energía no cobrada son más elevados.
El tercer frente es acelerar la transición energética y mejorar la planificación de la generación eléctrica para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
El documento considera que estas medidas deben aplicarse como parte de una corrección estructural y no como acciones aisladas.
La planificación de la generación eléctrica aparece como otra de las causas que, según el documento, forman parte de la problemática del sector.
La capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, conocido como SENI, aumentó de 4,889 megavatios en 2019 a 5,795.9 megavatios en 2024.
Durante ese mismo período, la generación total pasó de 19,266 gigavatios-hora a 25,397 gigavatios-hora.
A pesar de ese crecimiento, el plan señala que la matriz energética dominicana continúa dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles.
Esta dependencia puede hacer que los costos del sistema sean más sensibles a las variaciones de precios de combustibles utilizados para generar electricidad.
Por esa razón, el documento plantea aplicar con mayor rigor los planes indicativos de expansión de la generación.
El plan propone establecer metas vinculantes y mecanismos efectivos de seguimiento para orientar las inversiones del sector eléctrico.
El objetivo sería impulsar una mayor participación de tecnologías limpias y disminuir progresivamente la dependencia de los hidrocarburos.
También se plantea reducir la dispersión institucional y mejorar la coordinación entre las entidades responsables del sector eléctrico.
Para Hacienda y Economía, una mejor planificación permitiría definir con mayor claridad qué nuevas plantas y tecnologías necesita el país y en qué momento deben incorporarse al sistema.
El documento presenta la revisión tarifaria, la reducción de pérdidas y la transición energética como medidas complementarias para enfrentar un déficit que durante años ha requerido importantes transferencias del Estado.
Por el momento, el análisis forma parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 y todavía no ha sido discutido oficialmente por el Gobierno, por lo que la propuesta de retomar el reajuste de la tarifa eléctrica no constituye una decisión aprobada ni una fecha confirmada para aplicar aumentos.
