Santo Domingo, República Dominicana – Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como principal imputado del caso Falcón, fue extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos.
El dominicano, de 45 años, enfrenta cargos federales por presuntas operaciones con sustancias controladas y movimientos financieros irregulares, según el Departamento de Justicia de ese país.
Mosquea Polanco compareció este jueves por primera vez ante un tribunal federal en Puerto Rico. Posteriormente deberá presentarse ante una corte en Nueva Jersey, donde también pesan cargos en su contra.
La DEA lo identificó como un Objetivo Organizacional Regional Prioritario, una categoría que la agencia usa para señalar a personas consideradas clave dentro de una investigación específica.
El fiscal federal Robert Frazer indicó que Mosquea Polanco está señalado como líder de una estructura internacional con base en República Dominicana y operaciones dirigidas hacia Estados Unidos.
Según Frazer, el imputado habría salido de territorio dominicano usando documentación irregular antes de ser localizado en Colombia, gracias a la cooperación de organismos internacionales.
El administrador de la DEA, Terry Cole, aseguró que la presunta red mantenía conexiones entre Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico para movilizar cargamentos ilegales.
Mosquea Polanco había sido detenido en Colombia en diciembre de 2024, a solicitud de las autoridades estadounidenses. Fue trasladado a territorio puertorriqueño el 26 de agosto.
El fiscal general Todd Blanche declaró que, durante las investigaciones, fueron ocupados cargamentos de sustancias controladas y recursos económicos por millones de dólares vinculados a la presunta organización.
Una acusación presentada en Puerto Rico en octubre de 2016 sostiene que Mosquea Polanco y otros implicados iniciaron operaciones ilegales a más tardar en enero de 2013.
Otra acusación, presentada en junio de 2022, incluye cuatro cargos relacionados con la presunta coordinación para distribuir e introducir sustancias controladas de forma irregular en territorio estadounidense.
En Nueva Jersey, el expediente le atribuye una presunta organización que habría distribuido más de mil kilogramos de sustancias controladas en ese estado, Nueva York y otros lugares.
Los documentos judiciales sitúan esas operaciones entre enero de 2020 y septiembre de 2023. Señalan además que Mosquea Polanco habría coordinado el movimiento de recursos económicos hacia República Dominicana.
Durante esa investigación, las autoridades reportaron la ocupación de decenas de kilogramos de sustancias controladas y más de 6 millones de dólares relacionados con la presunta red.
El expediente indica que varios integrantes de la organización ya recibieron sentencias judiciales. Entre ellos, Samuel Alectus, conocido como "Capet", de 37 años, cuyo proceso concluyó con un veredicto el 16 de julio.
Las pesquisas han contado con la participación de la DEA, el FBI y HSI. Fiscales federales de Puerto Rico y Nueva Jersey tienen bajo su responsabilidad los respectivos procesos judiciales.
Si es declarado culpable por los cargos relacionados con sustancias controladas, Mosquea Polanco enfrentaría un mínimo de 10 años de privación de libertad por cada cargo, según la legislación federal.
El proceso por presuntas operaciones financieras irregulares contempla hasta 20 años de privación de libertad. También prevé una sanción económica de hasta 500,000 dólares o el doble del valor de los bienes involucrados.
El periodista Julio Martínez Pozo señaló que la extradición, y un eventual acuerdo de colaboración de Mosquea Polanco con la DEA, podrían tener repercusiones en la política dominicana.
Esto debido a vínculos previos que se le atribuyen con sectores del partido de gobierno y su participación señalada en campañas políticas.
Estas afirmaciones corresponden a un análisis periodístico y no han sido confirmadas por autoridades judiciales.
Un juez federal determinará cualquier eventual sentencia conforme a las Directrices Federales de Sentencias y los demás factores establecidos por la legislación estadounidense. El caso continúa su curso en los tribunales de Puerto Rico y Nueva Jersey.
