Santo Domingo, República Dominicana – Nuevas denuncias vuelven a cuestionar los procesos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para el suministro del almuerzo escolar, esta vez por una licitación en San Pedro de Macorís que supera los RD$1,900 millones para los años escolares 2026-2027 y 2027-2028.
Proveedores que participaron en el proceso aseguran que varias empresas que habían sido descalificadas inicialmente terminaron recibiendo contratos millonarios, situación que califican como irregular y que ya fue llevada ante las autoridades mediante recursos administrativos y denuncias.
Los señalamientos surgen casi un año después de que otros suplidores acudieran ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para denunciar supuestas anomalías en procesos de contratación del INABIE.
En esta ocasión, los reclamos están relacionados con la licitación iniciada el 24 de noviembre de 2025 y adjudicada el 7 de agosto de 2026, en la que fueron seleccionados 51 proveedores para suplir alimentos escolares en San Pedro de Macorís.
Los denunciantes están representados por el abogado Pedro Lara, quien asegura que 11 participantes afectados han identificado situaciones que, a su juicio, ameritan una investigación más profunda.
Según la documentación presentada por los proveedores inconformes, 15 empresas que habían sido descartadas durante la evaluación inicial posteriormente fueron incluidas entre las adjudicatarias.
Los afectados sostienen que esos contratos representan más de RD$445 millones en conjunto.
Uno de los casos mencionados corresponde a Manuel Emilio Mejía Molina, quien recibió una adjudicación superior a RD$31 millones.
De acuerdo con la denuncia, el informe de evaluación del propio INABIE habría señalado que el participante presentó documentación considerada falsa, una situación que, según los reclamantes, debía provocar su exclusión del proceso.
“El propio informe establece esa situación y, conforme al pliego, debía quedar descalificado”, afirmó Lara al referirse al caso.
Otro ejemplo señalado es el de Leidi Massiel Cabrera Heredia, quien obtuvo un contrato por más de RD$38 millones.
Los denunciantes alegan que durante una inspección inicial el establecimiento presentado no reunía las condiciones requeridas para operar como cocina escolar.
Según explicaron, el espacio supuestamente estaba vacío, sin identificación comercial y sin algunos equipos necesarios para la preparación de alimentos.
Los afectados afirman que posteriormente el local fue acondicionado, luego de que sus cuestionamientos fueran presentados públicamente.
Estas acusaciones corresponden a planteamientos realizados por los proveedores y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
Además de cuestionar la evaluación de algunas empresas, los denunciantes señalaron posibles relaciones entre ciertos adjudicatarios que, según ellos, podrían afectar la competencia dentro del proceso.
Pedro Lara mencionó varias compañías, entre ellas Azul Divino, Gilkiri, Bladjoe, Black Hill, Grupo Orsan y Suero Gourmet.
Como ejemplo, indicó que algunas personas aparecen relacionadas con más de un negocio que obtuvo contratos dentro de la misma licitación.
El abogado planteó dudas sobre si estas empresas pudieron haber participado como competidores independientes o si existían conexiones que debían ser evaluadas por los organismos correspondientes.
Los proveedores también señalaron supuestos vínculos políticos entre algunos adjudicatarios y figuras públicas.
Entre los casos mencionados está la empresa CP & DC, propiedad de Héctor Luis Febles, conocido como “El Primo”, esposo de la diputada por San Pedro de Macorís Carolina Paula.
La compañía recibió un contrato superior a RD$28 millones. Los denunciantes alegan que durante la evaluación inicial fueron identificadas observaciones relacionadas con documentos del proceso, aunque posteriormente resultó adjudicada.
También fueron mencionadas otras empresas y personas físicas que recibieron contratos millonarios, mientras los afectados solicitan que se revise si existieron condiciones desiguales.
Los suplidores que presentaron los reclamos sostienen que la situación afectó a empresas con experiencia, infraestructura instalada y capacidad para ofrecer el servicio.
Rafael Emilio Tejeda explicó que cuenta con más de 12 años trabajando como proveedor y que realizó inversiones importantes en equipos y adecuaciones para participar en la licitación.
Según indicó, obtuvo una puntuación de 89 puntos, pero no fue seleccionado.
Tejeda afirmó que invirtió entre RD$4 y RD$5 millones en equipos especializados y que además asumió compromisos financieros para preparar su negocio.
“Yo quedé por encima de personas que fueron descalificadas y luego habilitadas”, expresó al cuestionar el resultado del proceso.
Otra participante, Elena Rijo, relató una situación similar.
La empresaria indicó que su restaurante, con más de dos décadas de funcionamiento, logró una puntuación de 89.25 puntos, pero no recibió la asignación de una escuela ubicada cerca de su establecimiento.
Según explicó, la escuela estaba a unos 220 pies de su cocina, pero fue asignada a otro suplidor cuya instalación se encontraba a varios kilómetros de distancia.
Uno de los principales reclamos de los proveedores está relacionado con la forma utilizada para calcular la distancia entre las cocinas y los centros educativos.
Los participantes aseguran que la licitación establecía inicialmente el uso de Google Maps como herramienta de medición, pero alegan que durante el proceso ese criterio fue cambiado por otra aplicación.
Para los denunciantes, esta modificación pudo perjudicar a empresas ubicadas cerca de las escuelas y favorecer a otras con mayor distancia.
Explican que la ubicación de las cocinas es un elemento importante porque influye en la calidad del servicio y en el tiempo que tarda la comida en llegar a los estudiantes.
“Mientras más cerca está la cocina del centro educativo, mejores condiciones puede tener el alimento al momento de ser entregado”, sostuvo Lara.
Mientras los proveedores reclaman una revisión del proceso, el INABIE informó la suspensión de 14 suplidores por irregularidades detectadas en servicios de desayuno y almuerzo escolar en 12 localidades, incluyendo San Pedro de Macorís.
La institución también comunicó que realizará nuevas inspecciones a proveedores adjudicados en esa provincia.
Entre los hallazgos reportados por el INABIE figuran cocinas que no existían en las direcciones declaradas, instalaciones desmanteladas, espacios en remodelación y cambios de ubicación sin autorización.
La institución no ha ofrecido públicamente una conclusión sobre las denuncias específicas relacionadas con la licitación de San Pedro de Macorís.
Noticias SIN informó que solicitó una entrevista al director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez de León, pero al cierre de la información no había recibido respuesta.
Los proveedores afectados depositaron un recurso de revisión administrativa ante el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, donde solicitan que se analicen las decisiones tomadas y se determine si fueron respetados los principios de igualdad y transparencia.
Ahora corresponde a las autoridades revisar las documentaciones del proceso y establecer si las denuncias reflejan errores administrativos, fallas en la evaluación o posibles irregularidades que requieran otras acciones.
