República Dominicana – Empresas creadas recientemente y dirigidas por jóvenes de entre 19 y 24 años obtuvieron contratos por más de RD$110 millones para suplir el almuerzo escolar en centros educativos de San Pedro de Macorís, pese a no contar con historial crediticio ni una trayectoria comprobada en el servicio.
Las adjudicaciones forman parte del proceso de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para el período 2026-2028, una licitación que supera los RD$1,900 millones y que ha generado cuestionamientos de suplidores afectados y solicitudes de revisión ante organismos oficiales.
Entre las compañías beneficiadas figura Beltrán Beltre, SRL, registrada el 22 de mayo de 2025. Apenas seis meses después de su creación, la empresa recibió un contrato valorado en RD$48 millones.
La compañía está encabezada por las hermanas Nayelli Carolina y Luisa Margarita Beltrán, de 24 y 23 años, respectivamente.
Ambas aparecen como estudiantes en sus documentos de identidad, residen en Azua y, según la información revisada, no cuentan con un historial crediticio que refleje experiencia financiera previa para manejar un contrato de ese tamaño.
Otro caso señalado es el de Franniel Ramírez Beltrán, de 24 años, también residente en Azua, quien obtuvo una adjudicación superior a los RD$24 millones para participar en el suministro de alimentos escolares.
A esta lista se suma Caroline Michelle Díaz Beltré, de 19 años, cuya empresa fue registrada en julio de 2025 y logró un contrato de RD$38 millones dentro del mismo proceso de compras.
En conjunto, estas empresas representan más de RD$110 millones asignados a proveedores con pocos meses de operación y ubicados fuera de la zona donde deben prestar el servicio alimentario.
La investigación que puso bajo revisión estos casos fue realizada tras una intimación enviada por Beltrán Beltrán, SRL al programa N Investiga, en la que la empresa solicitó una rectificación de informaciones y negó tener vínculos con otros suplidores participantes.
Luego de ser consultado sobre las adjudicaciones, el INABIE rechazó ofrecer una entrevista y remitió un documento de ocho páginas con explicaciones sobre el proceso.
Sin embargo, las respuestas entregadas no detallaron por qué algunas empresas que habían sido observadas o rechazadas durante las evaluaciones iniciales terminaron habilitadas posteriormente mediante mecanismos extraordinarios y lograron contratos millonarios.
El cuestionamiento principal gira alrededor de cómo compañías con poca antigüedad y sin experiencia demostrada pudieron superar la fase de evaluación frente a suplidores con años de operaciones en el sector.
Las denuncias no se limitan a los proveedores de Azua. De acuerdo con documentos presentados por 11 suplidores afectados, varias empresas que inicialmente no cumplían con los requisitos establecidos en el proceso terminaron incluidas entre las adjudicadas.
Según la documentación depositada, 15 de las 51 empresas seleccionadas en San Pedro de Macorís habían sido descartadas durante la primera evaluación por supuestos incumplimientos del pliego de condiciones.
A pesar de esto, posteriormente recibieron contratos que en conjunto superan los RD$445 millones.
Entre las irregularidades denunciadas figuran locales que no estaban operativos durante las inspecciones, posibles inconsistencias documentales y relaciones entre compañías participantes que, según los reclamantes, debían ser evaluadas por las autoridades.
Los suplidores que presentaron objeciones sostienen que el proceso terminó afectando a empresas locales con mayor experiencia, algunas con más de una década trabajando en la preparación de alimentos escolares y con inversiones importantes en infraestructura.
Otro punto de conflicto está relacionado con la distancia entre las cocinas suplidoras y los centros educativos donde deben entregarse los alimentos.
Los proveedores inconformes aseguran que el método utilizado para calcular las distancias fue modificado durante el proceso, permitiendo la participación de empresas ubicadas a mayor distancia de los planteles escolares.
Para los reclamantes, esto habría colocado en desventaja a suplidores locales que contaban con instalaciones cercanas y experiencia comprobada.
El servicio de alimentación escolar requiere una logística diaria para garantizar que los alimentos lleguen a tiempo y en condiciones adecuadas a miles de estudiantes, por lo que la ubicación de las cocinas es un elemento clave dentro de la operación.
Ante las denuncias surgidas durante el proceso, el INABIE informó la suspensión de 14 proveedores luego de confirmar que algunas instalaciones declaradas no existían o se encontraban desmanteladas.
La medida abrió una nueva etapa de revisión sobre las adjudicaciones realizadas y aumentó las exigencias de transparencia alrededor de una licitación que maneja recursos públicos destinados a la alimentación de estudiantes.
El caso también fue llevado ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y el Comité de Compras del INABIE, donde los suplidores afectados buscan que se revisen las decisiones tomadas durante la licitación.
Mientras continúan los reclamos, la institución deberá explicar los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores y justificar cómo empresas de reciente creación lograron obtener contratos millonarios dentro de un programa que impacta directamente a miles de estudiantes dominicanos.
