Dictan cadena perpetua para dos pandilleros en El Salvador

Dos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) fueron condenados a cadena perpetua en El Salvador tras ser procesados por casos de homicidios, extorsiones y desapariciones, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía, que no brindó detalles de los casos, señaló en una información compartida en X que «los criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital (salvadoreña) y sus alrededores» y apuntó que también fueron procesados por organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos.

Los procesados fueron identificados como Josué Germain González Mejía y Giovanni Andrés Hernández, quienes, según la FGR, fueron capturados en el contexto de un régimen de excepción, implementado en El Salvador desde marzo 2022 contra las pandillas.

Agregó que las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó en marzo pasado un paquete de reformas penales, incluida la que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, luego que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir ese castigo legal para «violadores, homicidas y terroristas (pandilleros)«.

El pasado 11 de septiembre se conoció que la Justicia de El Salvador emitió la primer condena a cadena perpetua a un hombre identificado como Carlos Arturo Herrera Castro, procesado por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova, según informó la Fiscalía General.

Estas reformas penales se aprobaron a petición del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuando El Salvador cumplió cuatro años bajo un régimen de excepción, que se aprobó contra las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país, que por años se consideró como uno de los más violentos del mundo.

Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 93.162 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado más de 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos.