Dejar de pagar una tarjeta de crédito en Estados Unidos no hace que la deuda desaparezca. Por el contrario, puede iniciar un proceso que comienza con intereses y posibles cargos por atraso, continúa con daños al historial crediticio y cobranza, y en determinadas circunstancias puede terminar en una demanda y una sentencia judicial.
Sin embargo, no todo ocurre inmediatamente ni todas las cuentas siguen exactamente el mismo camino. Llegar un día tarde, acumular 30 días de atraso y permanecer seis meses sin pagar son situaciones muy diferentes.
Entender esa cronología es especialmente importante antes de tomar decisiones como ignorar al acreedor, negociar con un cobrador o realizar un pequeño pago sobre una deuda antigua. Algunas consecuencias dependen además del contrato de la tarjeta y de las leyes del estado.
Esta es la secuencia que normalmente puede producirse y las opciones que existen antes de que el problema avance.
Si llega la fecha límite y no realizas al menos el pago mínimo requerido, tu cuenta puede pasar a estar atrasada.
El emisor puede aplicar un cargo por pago tardío, si corresponde conforme al contrato y las reglas vigentes. Además, mantener un saldo pendiente normalmente significa que los intereses continúan acumulándose.
El estado de cuenta de la tarjeta debe informar, entre otros datos, el posible cargo por pago tardío y cualquier aumento de tasa que pudiera aplicarse como consecuencia del incumplimiento.
Esto explica por qué una deuda puede crecer aunque el titular deje completamente de utilizar la tarjeta.
Esta distinción es fundamental.
Una persona puede incumplir la fecha de vencimiento y enfrentar consecuencias con el emisor sin que automáticamente aparezca una morosidad de 30 días en sus informes crediticios.
El propio CFPB ha señalado, al analizar las prácticas de la industria, que el formato utilizado para reportar información a los burós no considera un pago como atrasado para esos efectos cuando se realiza antes de alcanzar los 30 días de demora.
Por eso, si alguien descubre que olvidó pagar una tarjeta hace pocos días, no debería asumir que el daño crediticio de 30 días ya ocurrió. Conviene pagar o comunicarse con el emisor cuanto antes.
Al alcanzar aproximadamente los 30 días de morosidad, el problema entra en una etapa mucho más importante para el historial crediticio.
El atraso puede ser comunicado a las compañías de informes de crédito. Un pago reportado como atrasado constituye información negativa y puede afectar la puntuación crediticia.
No existe, sin embargo, una cantidad universal de puntos que una persona vaya a perder.
El efecto depende del resto de la información de su expediente y del modelo utilizado para calcular la puntuación. Por eso resulta engañoso afirmar que un atraso siempre reduce el crédito 50, 100 o cualquier número específico de puntos.
Lo importante es otra cosa: el historial de pagos es información utilizada para evaluar el riesgo crediticio, y los atrasos pueden permanecer durante años en el reporte.
A medida que continúa la morosidad, el problema puede agravarse.
El emisor puede restringir el uso de la cuenta y continuar sus gestiones de cobro. Los términos específicos dependerán del contrato y de las circunstancias de la cuenta.
Existe además otra consecuencia posible relacionada con los intereses.
El CFPB explica que cuando un consumidor acumula más de 60 días de atraso, la compañía de tarjeta puede, bajo las reglas aplicables, aumentar la tasa de interés incluso sobre determinados saldos existentes.
Por eso una persona que debía, por ejemplo, $5,000 cuando comenzaron sus problemas económicos podría posteriormente deber más sin haber realizado nuevas compras.
El saldo puede continuar acumulando intereses y otros cargos permitidos.
Uno de los conceptos más confundidos en las tarjetas de crédito es el charge-off.
Las políticas regulatorias federales para créditos minoristas establecen que los préstamos abiertos, categoría que incluye las tarjetas de crédito, deben clasificarse como pérdida y cargarse contablemente cuando alcanzan 180 días acumulados de mora, salvo determinadas circunstancias.
En términos sencillos, el acreedor reconoce contablemente que la cuenta presenta una pérdida.
Pero esto es lo verdaderamente importante:
Un charge-off no significa que la deuda haya sido perdonada.
El hecho de que el banco haya castigado contablemente la cuenta no convierte automáticamente el saldo en cero ni elimina la obligación del consumidor.
La deuda todavía puede ser objeto de esfuerzos de cobranza y, dependiendo de las circunstancias, de acciones judiciales.
Una deuda atrasada puede terminar siendo gestionada por un cobrador.
Cuando intervienen cobradores sujetos a la Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) y a la Regulation F, existen límites sobre cómo pueden intentar recuperar el dinero.
Por ejemplo, las reglas federales prohíben determinadas conductas de acoso, prácticas engañosas y métodos injustos de cobranza. El CFPB señala que las llamadas o comunicaciones repetitivas realizadas con intención de molestar, acosar o abusar pueden violar la ley.
Cuando un cobrador contacta a una persona, normalmente debe proporcionar determinada información de validación en la comunicación inicial o poco después.
Entre otros datos, el aviso permite identificar al acreedor, la deuda reclamada y cómo disputarla.
Esto resulta particularmente importante si no reconoces la cuenta.
El CFPB recomienda no entregar información financiera o personal sensible a quien llama diciendo ser un cobrador hasta verificar que la deuda y el cobrador sean legítimos.
Sí.
Un acreedor o cobrador puede recurrir a los tribunales para intentar recuperar una deuda cuando tiene derecho legal a hacerlo.
Recibir una demanda cambia considerablemente la situación.
Uno de los peores errores es pensar que ignorar los documentos judiciales hará desaparecer el problema.
El CFPB recomienda responder a la demanda dentro del plazo establecido. Si el consumidor no responde, el tribunal puede emitir una sentencia en rebeldía o default judgment.
Responder tampoco significa admitir automáticamente que debes lo que reclama el cobrador. El demandante tendrá que demostrar ante el tribunal que su reclamación es válida.
Un banco o agencia de cobros no puede simplemente decidir llamar a tu empleador y comenzar a quedarse con una parte de tu sueldo por una deuda ordinaria de tarjeta.
Generalmente debe existir primero un procedimiento judicial y una sentencia que permita utilizar los mecanismos de cobro disponibles.
Cuando legalmente procede un wage garnishment o embargo de salario por una deuda ordinaria, también existen límites federales.
El Departamento de Trabajo establece que el máximo sujeto a embargo es, en términos generales, la cantidad menor entre:
Las leyes estatales pueden ofrecer protecciones adicionales.
Por tanto, decir simplemente que “te pueden quitar el 25% del sueldo” tampoco es completamente preciso. El 25% es un límite federal máximo para determinadas deudas ordinarias, no una cantidad automática.
Dependiendo de la ley estatal, del tipo de ingreso y de las circunstancias, una sentencia puede abrir la puerta a otros mecanismos para intentar cobrar.
Por eso las reglas pueden ser muy diferentes entre una persona que vive en Nueva York, Texas, Florida, California u otro estado.
También existen fondos e ingresos con protecciones especiales. El CFPB señala, por ejemplo, que solo en determinadas circunstancias los cobradores pueden alcanzar beneficios federales como Social Security o beneficios de veteranos.
Si ya existe una demanda o sentencia, conviene obtener orientación jurídica específica del estado donde se tramita el caso.
Aquí aparece uno de los efectos más duraderos.
El CFPB señala que las compañías de informes crediticios generalmente pueden reportar la mayoría de la información negativa relacionada con el historial de pagos durante hasta siete años.
Esto puede incluir pagos atrasados, cuentas enviadas a cobranza y charge-offs, según corresponda.
Supongamos que una persona dejó de pagar y, posteriormente, consiguió el dinero para liquidar la cuenta.
Pagar puede resolver el saldo pendiente, pero no significa que un atraso legítimamente reportado desaparezca inmediatamente del historial.
El CFPB advierte que la información negativa que sea correcta generalmente no puede eliminarse simplemente porque perjudique la puntuación crediticia. Los consumidores sí tienen derecho a disputar gratuitamente información incorrecta.
Esta diferencia ayuda a detectar una conocida señal de alerta: empresas que prometen “borrar” rápidamente información negativa correcta a cambio de dinero.
No necesariamente.
Aquí funcionan dos relojes diferentes que suelen confundirse.
Uno corresponde al tiempo durante el cual determinada información negativa puede permanecer en un informe crediticio.
El otro corresponde al statute of limitations, o plazo de prescripción para presentar determinadas acciones judiciales relacionadas con la deuda.
El CFPB explica que muchos estados establecen plazos de entre tres y seis años, aunque algunos pueden ser más largos. El plazo aplicable puede depender del tipo de deuda, del estado donde vive la persona y hasta de la legislación indicada en el contrato.
Por eso es incorrecto afirmar:
“Cuando pasan siete años, ya no debes la tarjeta.”
La desaparición de determinada información del reporte crediticio y la posibilidad legal de presentar una demanda son cuestiones distintas.
Este es probablemente uno de los detalles menos conocidos sobre las deudas de tarjetas.
La FTC advierte que, en algunos estados, realizar un pago parcial o incluso reconocer por escrito que debes una deuda antigua puede reiniciar el plazo de prescripción.
Imagina una deuda antigua sobre la cual un cobrador llama ofreciendo aceptar un pequeño pago para “mostrar buena voluntad”.
Pagar inmediatamente sin conocer la situación jurídica de esa deuda puede ser una mala decisión.
Antes de reconocer o realizar pagos sobre una deuda antigua, conviene verificar:
La Regulation F además prohíbe a los cobradores sujetos a ella demandar o amenazar con demandar para cobrar una deuda cuyo plazo legal para demandar ya expiró.
En algunas circunstancias, un acreedor o cobrador puede estar dispuesto a aceptar un acuerdo para resolver la deuda.
Pero no existe un porcentaje universal que todo consumidor pueda exigir.
La cantidad dependerá del acreedor, la antigüedad y situación de la cuenta, la capacidad de pago y otros factores.
Si se alcanza un acuerdo, es prudente contar con documentación clara de las condiciones antes de entregar el dinero.
También hay que tener cuidado con las compañías de debt settlement que cobran por prometer resultados extraordinarios.
El CFPB identifica como señales de alerta a las empresas que garantizan que harán desaparecer las deudas, aconsejan dejar de comunicarse con el acreedor o dicen al consumidor que deje de realizar sus pagos mínimos.
Existe una consecuencia que muchas personas descubren después de negociar una deuda.
Para efectos fiscales federales, una deuda cancelada puede considerarse ingreso, salvo que corresponda alguna excepción o exclusión.
El IRS indica además que las entidades correspondientes generalmente deben emitir el Formulario 1099-C, Cancellation of Debt, cuando cancelan $600 o más y se cumplen los demás requisitos de reporte.
Eso no significa que recibir un 1099-C automáticamente obligue al consumidor a pagar impuestos sobre todo el monto indicado.
Entre las exclusiones contempladas por las normas fiscales están determinadas deudas canceladas durante una bancarrota y cantidades excluibles cuando el contribuyente se encontraba insolvente, dentro de los límites establecidos.
Si el monto es significativo, puede ser conveniente consultar a un profesional de impuestos.
La bancarrota existe precisamente como un mecanismo federal para personas que ya no pueden cumplir determinadas obligaciones financieras, pero no debería verse como una solución automática por atrasarse en una tarjeta.
Los individuos pueden acogerse, según sus circunstancias y requisitos de elegibilidad, principalmente al Chapter 7 o Chapter 13.
En Chapter 7 pueden descargarse determinadas deudas elegibles. Chapter 13 permite generalmente establecer un plan para pagar todo o parte de las obligaciones durante tres a cinco años.
No todas las deudas son descargables y las consecuencias de una bancarrota son suficientemente importantes como para analizar la situación completa antes de presentarla.
La mejor oportunidad de limitar el problema suele aparecer antes de acumular meses de atraso.
El CFPB recomienda comunicarse inmediatamente con la compañía de tarjeta cuando sabes que no podrás realizar el pago mínimo. No es necesario esperar a estar atrasado para pedir ayuda.
Cuando hables con el emisor, conviene poder explicar cuatro cosas:
Algunos emisores pueden ofrecer alternativas para clientes que atraviesan dificultades económicas. Las condiciones dependen de cada compañía y cuenta.
También puede considerarse asesoría crediticia, particularmente mediante organizaciones legítimas sin fines de lucro, cuando existen varias deudas y resulta difícil administrarlas.
Aunque cada cuenta puede evolucionar de manera diferente, el proceso puede visualizarse así:
Fecha de pago incumplida
↓
Posibles cargos + intereses
↓
Alrededor de 30 días
El atraso puede ser reportado y afectar el crédito
↓
Más de 60 días
En determinadas circunstancias puede aplicarse una tasa más alta
↓
La morosidad continúa
Restricciones de la cuenta y mayores esfuerzos de cobranza
↓
Alrededor de 180 días
Puede producirse el charge-off
↓
Cobranza
El acreedor o un cobrador intenta recuperar la deuda
↓
Posible demanda
Si existe base legal para reclamarla judicialmente
↓
Posible sentencia
Si el acreedor gana el caso
↓
Ejecución de la sentencia
Puede incluir embargo de salario u otros mecanismos permitidos por la legislación aplicable
La diferencia más importante es que ninguna de estas etapas convierte automáticamente la siguiente en inevitable.
Una cuenta atrasada no necesariamente terminará en una demanda, y una deuda enviada a cobranza no significa automáticamente que mañana habrá un embargo.
Una deuda ordinaria de tarjeta es una obligación civil. El impago por sí solo no convierte automáticamente el caso en un delito. Una situación que involucre fraude u otra conducta ilícita sería un asunto diferente.
Para una deuda ordinaria de consumo, generalmente el acreedor necesita utilizar el proceso judicial y obtener una sentencia antes de recurrir al embargo de salario. Las excepciones y procedimientos dependen del tipo de deuda y de las leyes aplicables.
No. Es un tratamiento contable de la cuenta y no equivale por sí mismo a perdonar la deuda.
No necesariamente. La información negativa correcta puede permanecer en el reporte durante el período permitido aunque posteriormente se pague la deuda.
No debe confundirse el límite para reportar determinada información negativa con el plazo legal para demandar. Son cuestiones diferentes.
Primero verifica quién está cobrando y solicita o revisa la información de validación de la deuda. No entregues datos bancarios o información personal sensible hasta comprobar que el cobrador y la deuda son legítimos.
Con una deuda reciente, realizar pagos puede ayudar a resolver la morosidad. Con una deuda antigua, primero hay que verificar el plazo de prescripción porque en algunos estados un pago parcial puede reiniciar ese plazo.
Dejar de pagar una tarjeta puede convertirse en un problema serio, pero la consecuencia más grave no ocurre el primer día.
Existe una progresión que puede ir desde un simple atraso hasta daño crediticio, charge-off, cobranza y eventualmente una demanda.
Por eso, si el problema es temporal, contactar al emisor antes de acumular varios meses sin pagar puede abrir más opciones que esperar a que la cuenta llegue a cobranza.
Y si la deuda ya es antigua, está en manos de un cobrador o existe una demanda, la estrategia cambia: antes de pagar o reconocer la obligación conviene verificar la deuda, conocer los plazos legales aplicables y, cuando sea necesario, buscar asesoría jurídica o financiera adecuada.
