Cotuí, República Dominicana – El padre de dos niñas de 11 y 9 años denunció que sus hijas habrían sido abusadas durante cerca de dos años por su padrastro, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.
El hombre asegura que acudió con sus abogados al Ministerio Público en Sánchez Ramírez y presentó testimonios de las menores, pero afirma que hasta ahora el señalado no ha sido detenido ni interrogado.
El caso fue expuesto este lunes por el periodista Hansel García en el programa “Esto No es Radio”, donde se difundieron fragmentos de conversaciones atribuidas a las menores y sus padres.
Las acusaciones se encuentran bajo denuncia y no implican una declaración de culpabilidad. Corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades.
De acuerdo con el relato presentado en el programa, las menores se mudaron con su madre a Estados Unidos cuando eran muy pequeñas y crecieron principalmente en Filadelfia.
Su padre biológico permaneció en República Dominicana y mantuvo contacto con ellas.
La madre posteriormente inició una relación con Julio Antonio Mejía Santana, identificado en el programa como agrimensor y oriundo de Cotuí.
Según la denuncia difundida, Mejía Santana viajaba entre República Dominicana y Estados Unidos y permanecía por temporadas con la familia en Filadelfia.
Las niñas alegan que los hechos comenzaron cuando tenían aproximadamente 9 y 7 años.
Según sus testimonios divulgados en el espacio radial, parte de las situaciones habría ocurrido mientras su madre se encontraba fuera de Estados Unidos durante un viaje a Colombia.
Las menores sostienen que su padrastro presuntamente las llevaba a espacios privados de la vivienda y les mostraba contenido inapropiado para su edad antes de realizar contactos físicos.
Montecristi.net evita reproducir detalles innecesarios de esos testimonios debido a que involucran a menores de edad.
Las niñas también habrían señalado que algunas situaciones ocurrieron en un sótano de la residencia donde, según el relato presentado en el programa, no había cámaras.
Estas afirmaciones corresponden a los testimonios atribuidos a las menores y deberán ser investigadas y comprobadas por las autoridades competentes.
Según la versión presentada por García, la situación comenzó a descubrirse durante los primeros meses de 2026.
La madre habría encontrado conversaciones con contenido adulto en el teléfono de la hija mayor, lo que llevó a los adultos a preguntarle sobre el origen de ese comportamiento.
Durante conversaciones posteriores con su padre y su madre, la niña habría identificado al padrastro como la persona que presuntamente la expuso a ese tipo de contenido.
El padre recibió posteriormente relatos de ambas menores sobre lo que supuestamente había ocurrido.
Uno de los elementos más delicados de la denuncia involucra a la madre de las menores.
Según un testimonio reproducido durante el programa, una de las niñas aseguró que su madre le habría pedido que mintiera después de haber contado inicialmente lo ocurrido.
El programa también difundió una grabación atribuida a una conversación familiar en la que la madre cuestionaba a una de las menores sobre su comportamiento y sobre el contacto que mantenía con el padrastro.
Estas grabaciones requieren ser evaluadas dentro de una investigación formal. Por sí solas, las afirmaciones difundidas públicamente no establecen responsabilidad penal de ninguna persona.
De acuerdo con la versión presentada en el espacio, las menores fueron llevadas a un hospital en Estados Unidos y servicios sociales estadounidenses tuvieron conocimiento de la situación.
También se indicó que existiría un proceso abierto en ese país, aunque durante el programa no se ofrecieron documentos oficiales suficientes para precisar su estado actual.
La jurisdicción se convirtió en un punto importante cuando el padre acudió ante las autoridades dominicanas.
Según García, inicialmente se habría planteado que los hechos denunciados correspondían a Estados Unidos y, por tanto, existía un problema para procesarlos desde Sánchez Ramírez.
Sin embargo, una de las menores posteriormente habría relatado un episodio ocurrido en Cotuí.
De acuerdo con ese testimonio, el presunto hecho habría sucedido durante una visita a una vivienda vinculada a la familia del padrastro.
Esa declaración llevó al padre y sus abogados a insistir ante la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar de Sánchez Ramírez.
Según la información presentada en “Esto No es Radio”, el padre acudió nuevamente con sus abogados y las menores fueron entrevistadas.
La denuncia habría quedado formalmente presentada el 17 de julio de 2026.
El padre sostiene que le indicaron que se gestionaría una orden de arresto, pero aseguró que más de un mes después todavía no había recibido información sobre su ejecución.
García afirmó durante el programa que Mejía Santana tampoco habría sido citado para ser interrogado por el Ministerio Público.
No se presentó en el espacio una respuesta oficial del Ministerio Público que explicara las razones de la demora denunciada.
Ante la falta de avances que denuncia el padre, sus representantes legales habrían solicitado trasladar el expediente a otra jurisdicción.
Posteriormente consiguieron una reunión con la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, reconocida por su trabajo en casos relacionados con niños, niñas y adolescentes.
Según la versión ofrecida por García, desde esa instancia se habría prometido revisar lo sucedido con el expediente.
El padre asegura que todavía espera una respuesta concreta.
El caso también había sido presentado días antes por “El Informe con Alicia Ortega”, según reconoció el propio García durante su intervención.
Las niñas llegaron a República Dominicana el 26 de junio, de acuerdo con el relato difundido.
Su padre decidió que permanecieran con él y comenzaran el año escolar en el país mientras se desarrolla la situación legal.
El comunicador señaló que tanto el hombre denunciado como la madre de las menores se encontrarían en República Dominicana.
La prioridad en un proceso de esta naturaleza debe incluir la protección de la identidad de las niñas. Por esa razón, Montecristi.net omite sus nombres y cualquier información que pueda facilitar su identificación.
La denuncia coloca ahora la atención sobre el Ministerio Público y las investigaciones que puedan desarrollarse tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.
El padre reclama que las autoridades determinen qué ocurrió, evalúen los testimonios y demás evidencias disponibles y decidan las acciones legales correspondientes.
Hasta que exista una decisión judicial, las acusaciones contra Julio Antonio Mejía Santana deben tratarse como señalamientos bajo investigación y no como hechos judicialmente probados.
