Pedernales, República Dominicana – Gabriela Cartagena, una estudiante universitaria de 20 años, falleció el 20 de junio de 2026 durante una excursión familiar en Bahía de las Águilas, luego de que una embarcación pasara sobre el área donde practicaba snorkel.
El caso es investigado y ha generado cuestionamientos sobre las medidas de señalización, vigilancia y control de velocidad en zonas costeras del país.
Según una investigación presentada por el programa El Informe con Alicia Ortega, Cartagena se encontraba en el agua junto a familiares y otros integrantes de una excursión recreativa entre Cuevanjó y La Cueva, en el área de Bahía de las Águilas.
La embarcación involucrada fue identificada como la lancha «Chivirica», operada, según las informaciones disponibles, por Robinson Radamés Hernández Urbaes y su ayudante Javier Enrique Félix Pérez.
La actividad era guiada por los biólogos italianos Valentina Mancini y Mikele Velaparte. De acuerdo con sus relatos, el grupo contaba con una boya para advertir sobre la presencia de personas practicando snorkel en el agua.
Los guías describieron que la lancha se aproximó mientras avanzaba en dirección de oeste a este. Según su versión, la embarcación circulaba a una velocidad que dificultó que sus ocupantes pudieran advertir a tiempo la presencia del grupo.
También señalaron que, debido a la posición que adoptaba la embarcación al avanzar, la parte frontal se elevaba y podía limitar la visibilidad hacia adelante.
La joven resultó gravemente afectada durante el hecho y posteriormente falleció. El resto de las personas que se encontraban en el agua logró apartarse de la trayectoria de la embarcación, según los testimonios recogidos en la investigación periodística.
Los padres de Gabriela Cartagena ofrecieron su testimonio sobre los momentos posteriores a lo ocurrido y los esfuerzos realizados para asistir a la joven antes de su traslado para recibir atención.
Su madre, Olga, relató que intentaba mantener comunicación con su hija y ayudarla a permanecer consciente. Según contó, Gabriela logró mencionar los nombres de sus padres y de su novio antes de que su condición empeorara.
"Yo miré a Gabriela y vi que ella intentó sumergirse, me imagino para evitar el impacto. Intentó bajar bajo agua. Ese fue el momento que la lancha cruzó", dijo Valentina Mancini sobre los momentos previos al accidente.
"Las últimas palabras que me dijo cuando la tuve en los brazos, en el agua, fue 'PAPI', y después de ahí, no, fue diferente. Me dijo nada más, papi, me dieron", dijo el padre.
La familia de la joven ha buscado esclarecer las circunstancias completas del caso y determinar las responsabilidades que puedan corresponder.
De acuerdo con la información divulgada en el reportaje, familiares de Gabriela presentaron una acción penal y civil contra los tripulantes de la embarcación.
Durante un recorrido de verificación realizado por el equipo periodístico en Bahía de las Águilas, las cámaras constataron de primera mano que las embarcaciones comerciales continúan operando por encima de los límites de velocidad y sin respetar los perímetros de seguridad establecidos para la protección de los nadadores.
El caso ha sido planteado judicialmente como una investigación por presunta negligencia. Las autoridades y las partes involucradas deberán establecer las responsabilidades correspondientes dentro del proceso.
Según lo expuesto en la investigación, el capitán de navío Cristian Ramírez Laport, vinculado a labores de inteligencia de la Armada Dominicana, habría señalado aspectos relacionados con la navegación de la lancha y las condiciones de visibilidad que deben ser evaluados dentro de las pesquisas.
Por su parte, la defensa de uno de los involucrados ha planteado argumentos relacionados con la reglamentación aplicable a las boyas y las distancias de navegación.
Estas posiciones forman parte del proceso y no representan una decisión definitiva sobre responsabilidad.
El reportaje también examinó las condiciones de vigilancia y señalización en áreas utilizadas por bañistas y embarcaciones en distintos puntos turísticos de República Dominicana.
Mediante recorridos realizados por el equipo de investigación, se documentó la presencia de embarcaciones circulando cerca de zonas costeras y se plantearon dudas sobre la existencia de una delimitación visible y estandarizada para separar las áreas destinadas a bañistas de las rutas utilizadas por lanchas.
Entre los puntos mencionados se encuentran Bahía de las Águilas y zonas de Samaná.
La investigación periodística citó además varios casos registrados desde 2016 en los que embarcaciones han alcanzado a personas que se encontraban en áreas costeras, con personas fallecidas y otras que resultaron con lesiones de consideración.
Bahía de las Águilas es una de las zonas naturales y turísticas más conocidas de Pedernales y forma parte de un entorno de alto valor ecológico.
El caso de Gabriela Cartagena ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de revisar cómo se delimitan las áreas de recreación acuática, el control de la velocidad de las embarcaciones y la supervisión en lugares donde coinciden visitantes, excursiones y operadores turísticos.
También se ha cuestionado la disponibilidad de señalización oficial, puntos adecuados para las embarcaciones y mecanismos permanentes de vigilancia en áreas con una importante actividad turística.
Mientras el proceso judicial continúa, la investigación sobre lo ocurrido busca determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer si existieron incumplimientos de las normas de navegación o fallas en los controles destinados a proteger a quienes realizan actividades recreativas en las costas dominicanas.
