Espaillat, República Dominicana – El caso de Albert de Jesús Aracena continúa bajo investigación mientras la familia espera el informe médico-forense definitivo para establecer la causa y el mecanismo de su fallecimiento.
Su abogado, Rafi Lora, sostiene que el documento divulgado como acta de defunción es una certificación provisional del INACIF y no representa la conclusión final de la autopsia.
De acuerdo con las declaraciones del abogado, el documento registra “asfixia mecánica”, una expresión médica que por sí sola no permite determinar exactamente qué provocó el fallecimiento.
Lora explicó que todavía deben conocerse los resultados completos de los estudios realizados al cuerpo. Ese informe podría establecer si existen señales compatibles con golpes, contusiones, obstrucción de respiración, ahogamiento u otro mecanismo.
El representante legal indicó que este tipo de informes puede tardar alrededor de 25 días, un mes o incluso más, dependiendo de los procedimientos necesarios.
Por esa razón, insistió en que no debe confundirse la certificación provisional con el resultado médico-forense definitivo.
El relato del caso sitúa el hallazgo de Albert de Jesús el 25 de agosto, en el sector La Chancleta, perteneciente al paraje del mismo nombre.
Tras varios días, el cuerpo fue entregado a sus familiares. El caso posteriormente adquirió una dimensión judicial, mientras comenzaron a difundirse en redes sociales versiones que apuntaban a una posible intervención de terceros.
La familia, representada por Lora, busca que las autoridades determinen qué ocurrió y establezcan responsabilidades con base en pruebas verificables.
Una de las principales controversias está relacionada con la versión atribuida al propietario de un negocio vinculado a la investigación.
Según esa versión, el cuerpo habría aparecido flotando en una piscina al día siguiente y posteriormente habría sido enterrado en La Chancleta.
Lora rechaza esa explicación y afirma que la familia maneja una reconstrucción diferente de los hechos. También señala que existen personas que podrían aportar información como testigos.
Sin embargo, las pruebas mencionadas durante la entrevista no fueron presentadas públicamente en su totalidad. Por ello, las acusaciones contra personas vinculadas al caso deben considerarse señalamientos dentro de una investigación y no conclusiones judiciales.
Otro punto de interés para la investigación son las cámaras de seguridad del establecimiento.
El abogado afirma que existe una certificación relacionada con la eliminación de imágenes y el retiro de los DVD que contenían grabaciones. Según su versión, esos documentos serán incorporados al proceso judicial.
También menciona una supuesta explicación del propietario sobre la eliminación de las imágenes, pero esa afirmación no fue acompañada en el material por documentación independiente que permita comprobarla.
Lora considera que este aspecto podría tener importancia para determinar si hubo acciones destinadas a dificultar el esclarecimiento del caso. En ese contexto, mencionó una posible calificación jurídica por obstrucción de justicia.
El abogado también espera obtener los resultados de un análisis realizado por la Dirección Central de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DICAT) sobre dispositivos incautados.
Durante la entrevista, Lora mencionó varias figuras jurídicas que podrían ser consideradas por las autoridades, entre ellas homicidio, ocultamiento de cadáver, asociación de malhechores y obstrucción de justicia.
No obstante, aclaró que la calificación definitiva dependerá de las evidencias que reúna el Ministerio Público y de los resultados de las investigaciones.
También se hizo referencia a un ciudadano haitiano que, según el relato, estaría vinculado al enterramiento del cuerpo.
Ante una pregunta sobre si se encontraba prófugo, el abogado señaló que no necesariamente, aunque afirmó que era buscado y que podría ser detenido.
Además, la investigación podría incluir declaraciones de otras personas que estuvieron relacionadas con el establecimiento o con los hechos posteriores al fallecimiento.
Uno de los elementos centrales del proceso será el resultado definitivo de los estudios médico-forenses.
Lora reiteró que la certificación provisional no permite establecer por sí sola el mecanismo concreto del fallecimiento.
La información final podría ayudar a confirmar o descartar distintas hipótesis planteadas durante la investigación.
El material también recoge una versión sobre un supuesto período en el que Albert habría permanecido en un congelador. Esta afirmación aparece como una teoría pendiente de comprobación y no como un hecho confirmado.
Mientras tanto, el abogado sostiene que la familia no contempla una negociación económica del caso. Incluso afirmó que dejaría la representación si se intentara llegar a un acuerdo de ese tipo.
También se mencionó un rumor sobre una posible oferta de 20 millones, pero no se presentó una confirmación independiente de esa versión.
La posición expresada públicamente por la familia es que busca el esclarecimiento de lo ocurrido y que el proceso continúe conforme a las evidencias.
La investigación permanece abierta a la espera del informe médico-forense definitivo y de los resultados de los análisis de dispositivos y demás evidencias que puedan ser incorporadas al expediente.
