Imponen garantía de RD$1 millón a joven por presunto plan contra Abinader
Abinader figura como la presunta víctima de amenazas y de un supuesto plan de atentado por el que es investigado Delvinson De La Cruz Sosa, de 29 años, a quien un tribunal de la provincia Duarte impuso una garantía económica de RD$1 millón en efectivo como medida de coerción.
La decisión fue adoptada por el juez Wilton Oniel Peguero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte, quien acogió parcialmente la solicitud presentada por el Ministerio Público, que había pedido prisión preventiva.
Además de la garantía económica, el magistrado dispuso que De La Cruz Sosa se presente ante el Ministerio Público cada 15 días y le impuso impedimento de salida del municipio de San Francisco de Macorís.
El tribunal también ordenó que permanezca bajo el cuidado y vigilancia de su padre durante los seis meses de vigencia de las medidas de coerción. Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Engels Luis Polanco, quien había solicitado prisión preventiva contra el imputado.
El órgano persecutor procesa a De La Cruz Sosa bajo una calificación jurídica relacionada con terrorismo mientras continúa la investigación por las presuntas amenazas contra el presidente de la República.
De acuerdo con informaciones sobre el expediente, el Ministerio Público sostiene que el imputado figura como principal señalado dentro de una supuesta estructura integrada por al menos otras personas que habría planificado un ataque contra el mandatario.
La acusación sostiene que los investigados presuntamente intercambiaron informaciones relacionadas con la preparación de artefactos explosivos y datos sobre los desplazamientos del presidente. Estas imputaciones forman parte de la investigación del Ministerio Público y todavía deberán ser debatidas durante el proceso judicial.
De La Cruz Sosa fue detenido mediante una orden judicial durante un allanamiento realizado en una residencia ubicada en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís. Como parte de las investigaciones, las autoridades también realizaron diligencias en la Ferretería Molina, establecimiento donde laboraba el imputado. Durante los operativos fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias que permanecen bajo análisis de las autoridades como parte de las evidencias recopiladas en la investigación.
El Ministerio Público había solicitado que De La Cruz Sosa permaneciera en prisión preventiva mientras continuaban las pesquisas. Sin embargo, el tribunal optó por imponer la garantía económica y las demás restricciones. Una vez depositado el RD$1 millón en efectivo, el imputado podrá recuperar su libertad sujeto al cumplimiento de las medidas establecidas por el tribunal.
De La Cruz Sosa continúa bajo investigación y las acusaciones formuladas por el Ministerio Público deberán ser conocidas por los tribunales correspondientes, manteniéndose vigente su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
Ver video:
Un juez fijó una garantía económica de RD$1 millón a Delvinson de la Cruz, investigado por un presunto plan contra el presidente Abinader.
Su defensa rechaza la acusación. La medida no es una condena ni prueba de culpabilidad.
Fuente y video: CDN. https://t.co/a4KDcaSyF4
— Montecristi.net (@Montecristi.net) November 14, 2026
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso este viernes una garantía económica de un millón de pesos e impedimento de salida del país a Delvinson De la Cruz Sosa, conocido como «Debisom», señalado por su presunta participación en un plan para atentar contra el presidente Luis Abinader.
La decisión fue adoptada durante la tercera audiencia en la que se conocía la solicitud de medida de coerción contra el imputado, de 29 años, a quien el Ministerio Público atribuye provisionalmente los delitos de terrorismo y amenazas contra el jefe de Estado.
El órgano acusador había solicitado que De la Cruz Sosa cumpliera tres meses de prisión preventiva, al considerar que debía permanecer privado de libertad mientras avanzaban las investigaciones.
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