¿Traición a la patria? José Martínez Brito advierte sobre proyecto de cédula especial que podría beneficiar a haitianos

Montecristi.net| Santo Domingo, República Dominicana – El abogado y comunicador José Martínez Brito lanzó fuertes cuestionamientos contra una iniciativa legislativa que busca crear un régimen especial de identificación para personas que no han podido acreditar jurídicamente su nacionalidad dominicana, pese a haber utilizado documentos del país durante años.

Durante un debate sobre el tema, calificó la propuesta como una posible «traición a la patria» y cuestionó sus consecuencias para la soberanía nacional.

La controversia gira en torno a una iniciativa presentada por la diputada Maribel Altagracia Almánzar de Ogando, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que contempla la expedición de una cédula especial a personas cuyos registros de identidad presenten problemas de falsedad, duplicidad, inconsistencias o suplantación.

Según el planteamiento legislativo, la Junta Central Electoral (JCE) investigaría individualmente cada expediente. Cuando no fuera posible acreditar la nacionalidad dominicana, incluso después de agotar las verificaciones, podría inscribir al solicitante en un registro especial y expedirle un documento de identidad diferenciado.

¿Por qué Martínez Brito habla de traición a la patria?

El abogado considera preocupante que el Estado dominicano contemple entregar una identificación oficial a personas cuya nacionalidad no haya podido determinarse, especialmente cuando existen antecedentes de irregularidades en los documentos utilizados.

Uno de los puntos que más cuestionó es que la propuesta no excluye automáticamente del procedimiento a una persona por haber participado en las irregularidades que originaron su documentación, aunque mantiene las responsabilidades legales que pudieran corresponder.

También puso énfasis en la posibilidad de que el documento incluya la expresión «Nacionalidad no determinada». A su juicio, esa disposición podría abrir un escenario de reclamaciones internacionales relacionadas con la condición de apatridia y generar consecuencias jurídicas que, según advirtió, deben analizarse antes de aprobar cualquier legislación.

Martínez Brito también cuestionó que se pretenda conservar determinadas relaciones jurídicas establecidas mediante documentos posteriormente cuestionados. Mencionó posibles consecuencias en asuntos familiares, propiedades, cuentas bancarias, contratos y sucesiones.

Para explicar su preocupación, sostuvo que no debería premiarse a quienes hayan utilizado documentación irregular y cuestionó que el arraigo económico o familiar pueda convertirse en un elemento para facilitar una identificación cuando no se ha demostrado la nacionalidad correspondiente.

La cédula tendría la inscripción «NO VOTA»

La iniciativa contempla que el documento especial lleve de manera visible la inscripción «NO VOTA» y que no permita, por sí solo, obtener o renovar un pasaporte dominicano ni ejercer derechos reservados a los ciudadanos dominicanos.

Sin embargo, sí serviría para acreditar la identidad y mantener determinadas relaciones civiles, familiares, laborales, económicas y administrativas que no requieran la nacionalidad dominicana.

Es importante precisar que la propuesta no plantea entregar cédulas automáticamente a todos los haitianos ni constituye un mecanismo general para regularizar extranjeros indocumentados.

Su alcance contempla personas que utilizaron documentos dominicanos y cuyos expedientes presentan irregularidades. No obstante, determinados extranjeros, incluidos haitianos que hayan utilizado documentación dominicana cuestionada, podrían quedar comprendidos si reúnen las condiciones previstas.

Este es precisamente uno de los aspectos que genera preocupación entre quienes cuestionan la iniciativa: la posibilidad de que personas que no logren acreditar su nacionalidad dominicana reciban una identificación oficial que les permita continuar determinadas actividades y relaciones jurídicas dentro del país.

34 diputados aparecen vinculados a la propuesta

Otro elemento que llamó la atención de Martínez Brito fue el respaldo legislativo que recibió la iniciativa. De acuerdo con la información difundida sobre la propuesta, 34 diputados aparecen como proponentes, pertenecientes a diferentes organizaciones políticas.

El comunicador cuestionó que legisladores hayan respaldado una iniciativa de esta naturaleza sin evaluar suficientemente sus posibles consecuencias. También planteó que los ciudadanos deben conocer quiénes respaldan las propuestas que se presentan en el Congreso Nacional.

Durante el debate, sostuvo que las decisiones legislativas no deben tomarse por solidaridad personal o afinidad entre compañeros, porque las leyes pueden tener efectos duraderos sobre la organización institucional y jurídica de la República Dominicana.

El PRM rechazó la iniciativa, pero la diputada no quiere retirarla

La propuesta también provocó diferencias dentro del propio partido de la legisladora. La Dirección Ejecutiva del PRM rechazó públicamente el anteproyecto y, por medio de su vicepresidente ejecutivo, Deligne Ascención, pidió a Almánzar de Ogando y a los demás legisladores de esa organización desistir de la iniciativa.

La diputada, sin embargo, manifestó que no retiraría la propuesta. Posteriormente, aclaró que su intención es atender los casos de dominicanos que ya poseen una cédula emitida por la JCE, pero enfrentan dificultades para renovar sus documentos.

Esta explicación ha mantenido el debate abierto, debido a que el articulado también contempla expresamente la posibilidad de expedir una identificación especial cuando no pueda acreditarse jurídicamente la nacionalidad dominicana.

La Constitución dominicana, en su artículo 18, establece las condiciones bajo las cuales una persona adquiere la nacionalidad del país.

La discusión ahora gira en torno al alcance de la identificación especial propuesta y sus posibles efectos jurídicos, un asunto cuya constitucionalidad no ha sido determinada mediante una decisión judicial sobre esta iniciativa.

Mientras tanto, la propuesta continúa pendiente del proceso legislativo y no constituye una ley vigente. La posición de Martínez Brito es que sus consecuencias deben examinarse rigurosamente antes de adoptar una decisión que involucre la identidad, la nacionalidad y las instituciones de la República Dominicana.