Poder Ejecutivo somete proyecto de ley para modernizar el cobro de peajes en RD

El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca modernizar el sistema de peajes en República Dominicana, mediante la implementación de nuevas modalidades de cobro electrónico y el establecimiento de sanciones para quienes evadan el pago correspondiente.

La iniciativa, enviada a través del Senado de la República, propone incorporar nuevas disposiciones a la Ley núm. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el objetivo de crear un marco legal que regule el funcionamiento de los peajes en las vías públicas.

El documento fue remitido mediante una comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, en la que el presidente Luis Abinader solicita el conocimiento, discusión y eventual aprobación de la propuesta legislativa.

Proyecto busca implementar peajes electrónicos sin barreras

Entre las principales novedades figura la posibilidad de realizar el cobro de peajes mediante sistemas electrónicos que permitan a los conductores efectuar sus pagos sin necesidad de detener sus vehículos.

Esta modalidad, conocida como flujo libre, busca disminuir las largas filas en las estaciones de peaje, agilizar la circulación y mejorar la eficiencia del sistema de recaudación.

El proyecto también establece disposiciones relacionadas con las cuentas y dispositivos de telepeaje, la identificación de vehículos y los procedimientos para determinar la responsabilidad del pago.

Asimismo, propone tipificar la evasión de peajes como una infracción, estableciendo mecanismos administrativos para sancionar a quienes incumplan las obligaciones correspondientes.

RD Vial asumiría funciones como autoridad de peajes

La propuesta designa al Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vial Principal de la República Dominicana (RD Vial) como autoridad responsable de la administración de los peajes.

Esta entidad operaría bajo la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), institución encargada de aprobar las tarifas y determinar los puntos donde se realizarán los cobros.

Actualmente, la Ley 63-17 no contempla una regulación específica sobre el establecimiento y cobro de peajes ni establece sanciones por su evasión, situación que el Gobierno busca corregir mediante esta iniciativa.

Conductores podrán reclamar cobros incorrectos

El proyecto también incorpora garantías para los usuarios, entre ellas el derecho a consultar sus registros de tránsito, verificar los cargos realizados y presentar reclamaciones cuando consideren que se les ha aplicado un cobro indebido.

Además, establece que los conductores dispondrán de un plazo para pagar sin recargos los peajes registrados en estaciones que funcionen bajo la modalidad de flujo libre.

En cuanto a la información personal, la propuesta dispone que los datos recopilados deberán utilizarse exclusivamente para los fines relacionados con el cobro del peaje, conforme a lo establecido en la Ley núm. 172-13, sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

Nuevas disposiciones se aplicarían de manera gradual

El Poder Ejecutivo plantea que la implementación del nuevo sistema se realice progresivamente, conforme se instalen los equipos tecnológicos y se habiliten los mecanismos de consulta, pago y reclamación.

Las sanciones por evasión y las restricciones relacionadas con trámites vehiculares comenzarían a aplicarse en cada punto de cobro únicamente después de que las instalaciones estén debidamente señalizadas y se informe previamente a la población.

La propuesta también contempla mantener la validez de las cuentas y dispositivos del sistema Paso Rápido que actualmente utilizan los conductores.

En su comunicación, el presidente Abinader explicó que la iniciativa busca reducir la congestión vehicular, facilitar los pagos y fortalecer la capacidad del Estado para administrar y fiscalizar los ingresos provenientes de los peajes.

El proyecto deberá ser estudiado y debatido por el Congreso Nacional antes de convertirse en ley, por lo que las nuevas obligaciones y sanciones todavía no están vigentes.